Minería en México: Principales impactos de reforma de AMLO

El estado crítico de la industria minera en México traerá consecuencias para la economía nacional, a causa de la nueva iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quien propone una nueva reforma que modifica diversas disposiciones de la Ley Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

La iniciativa plantea límites a las operaciones y propone una reducción del tiempo de las concesiones, para las cuáles se necesitan 50 años para llevar a cabo todo el proceso o más. Debido a esto, el sector minero enfrenta repercusiones para su desarrollo, ya que el plazo propuesto para las concesiones en su totalidad es de 15 años, con la opción de que por una sola ocasión podrían ser prorrogables por el mismo lapso.

La metamorfosis drástica

Esto cambiará radicalmente los procedimientos de las concesiones mineras, lo que podría causar un efecto dominó, no solo por las consecuencias estrechamente relacionadas con la industria, como la salida masiva de capital y un declive de la industria minera, afectando las inversiones, la obtención de los minerales y los puestos de empleo que son más de 1 millón, tanto directos como indirectos (aunque para la población de México sería menos del 1%), sino a más de 70 sectores industriales que dependen de los minerales para su avance y desarrollo. Por mencionar algunas: la industria automotriz, siderurgia, farmacéutica, metalúrgica, eléctrica y energías renovables.

Adicionalmente, se propone sanciones severas a las mineras que perjudiquen el medio ambiente y contaminen el agua, algo reiterado de la actividad.

Descontentos del conglomerado

La Cámara Minera de México (Camimex), criticó la propuesta, su contenido y el alcance de los cambios legales. Refleja poca comprensión de la industria ya que 15 años suelen dedicarse a la exploración, que es la parte inicial de un largo proceso de explotación. Dejando poco tiempo para los procedimientos necesarios, como pedir permisos, realizar trámites, construcción de instalaciones y extracción de los minerales, etc.

A su vez, reclamaron por el plazo de 5 años de la concesión de agua y se le sumó a la queja La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), preocupados por los impactos negativos que ocasionaría en la industria, poniendo en riesgo la subsistencia y continuidad de ella.

El gremio requiere revisar a fondo los cambios propuestos para reconocer la realidad de la industria, su peso en la economía global y sus requisitos. Si aprueban la reforma, afectará la economía del país y, por consecuencia, todas las oportunidades de inversiones futuras. Es cierto que, la minería es una herramienta estratégica que contribuye a los recursos y desarrollo a nivel nacional de México.

Resolución temporaria

En consecuencia, organizaron un Parlamento Abierto para presentar los argumentos técnicos, ambientales, sociales y económicos para evitar la contracción del sector que es una de las cinco industrias que más aportan al PIB industrial y nacional, con 8.6% y 2.5%.

Asimismo, la reforma tiene ánimo de impactar menos al medio ambiente, preservar los recursos naturales de la nación y el derecho de los pueblos originarios a la preservación de sus territorios.

Como no busca modificar la Constitución, puede ser aprobada con mayoría simple en la Cámara de Diputados, no sin antes escuchar a los opositores y sin necesidad de acelerar los procesos legislativos. Por ende, en septiembre de este año (2023) se retomará la reforma, teniendo en cuenta que la concesión de agua debe de ser replanteada, ya que se debe garantizar primero el derecho humano al acceso de agua potable de manera suficiente antes que a alguna actividad económica.

Además, la reforma promueve el uso responsable de este recurso y aplicar una retribución proporcional a la riqueza que generan sin que esto les dé el derecho de perjudicar el acceso al agua a la comunidad. Para resolverlo, será responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgar las concesiones y establecer reglas claras de consumo y la retribución correspondiente de los privados al Estado mexicano.

Por lo tanto, si bien existen bienes en el subsuelo mexicano que deben de ser protegidos, también se entiende que las empresas procurarán velar por sus intereses.