Nueva ley que pone en juego la permanencia de Facebook, Google y Twitter en Hong Kong

Es una realidad de estos tiempos que las empresas tecnológicas como Facebook, Google y Twitter han acaparado el mundo con sus servicios online, habiendo dado vida a las redes sociales que desde hace poco más de una década ocupan un lugar privilegiado en la vida de las personas. 

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En momentos en que las principales redes sociales de Zuckerberg convirtieron la realidad de los seres humanos en una realidad virtual cada vez más inmersiva, al mismo tiempo comenzaron también los problemas de toda índole: las censuras generalizadas a contenidos considerados no apropiados, según normas comunitarias creadas bajo criterios bastante arbitrarios y cuestionables.

Y es que las políticas de Facebook son tan arbitrarias que así como censura contenidos políticos en las redes sociales, también censura la censura que algunos países efectúan para proteger sus datos. Esto es lo que está ocurriendo en el gigante asiático con la ley de protección de datos que compañías como Facebook, Google y Twitter en Hong Kong intentan censurar bajo amenaza de dejar al país sin el servicio.

Contexto de la demanda generada por Facebook, Google y Twitter en Hong Kong.

La nueva ley de protección de datos de Hong Kong establece una sanción ejemplar de hasta 108.000 euros y hasta 5 años de cárcel a los usuarios que tras acceder a los datos de algunas personas, se expresen de manera ofensiva contra estas en las redes, como en una suerte de “bullyng cibernético”. 

Esta práctica fue habitual durante las protestas que sacudieron la ciudad en 2019, donde los datos de cientos de policías, jueces, activistas y demás involucrados en las movilizaciones fueron revelados sin su permiso en busca de humillación pública. 

El pasado 25 de junio se conoció una carta privada remitida por la Coalición Internet Asia, con sede en Singapur, que manifestó su preocupación por el uso de un lenguaje muy genérico en los pedidos de disculpas, lo cual no evita que las empresas y sus trabajadores sean responsabilizados y procesados por el contenido ilegal compartido por sus usuarios.

Acabar con el doxing.

Cuando hablamos de doxing nos referimos a la acción de revelar información de otras personas, como números de teléfono, dirección domiciliaria, lugar de trabajo, datos financieros y otros datos importantes, para divulgarla al público sin el consentimiento de la víctima.

El problema es que la gente, al parecer, se sobrepasó con la libertad de expresión a partir de las protestas de 2019, en relación con la información que comparte, no midiendo el calibre de los datos ocultos que revela violando la privacidad de otras personas. Por consiguiente, se transforma en una cuestión de uso indebido de datos en perjuicio de la víctima.

Para proteger los datos personales y la privacidad de estas personas es que se intenta llevar a cabo esta ley, aunque se especula con que dicha ley iría incluso más allá de una simple protección de datos. De ahí que se tema, de parte de las grandes corporaciones tecnológicas, que se trate más bien de una sutil forma de censura a la libertad de expresión y que llegue a peligrar la permanencia de servicios de estas empresas.

A propósito de la nueva legislación que pretende entrar en vigencia, la jefa del ejecutivo local aseguró que su objetivo es solamente regular el contenido que publican los usuarios para que los datos personales estén más seguros, y que estaba dispuesta a reunirse con las empresas tecnológicas para despejar sus dudas sobre el tipo de restricciones que se aplicarían.

¿Una cuestión política implicada?

Analicemos el contexto: las protestas del 2019 en repudio a, justamente, la censura de libertades fueron ampliamente reprimidas por la policía de Hong Kong. En respuesta a estas represiones, muchos usuarios a favor de las protestas hicieron un escrache masivo de las fuerzas policiales en las redes. Al gobierno esta iniciativa no le gustó, la consideró un “atentado a la privacidad” de estas personas, e inmediatamente tomaron medidas para aplicar sanciones. 

En este orden de cosas, surge la legislación para eliminar el doxing, que busca proteger los datos de las personas, pero con un cierto sesgo político que pretende horadar la libertad de expresión de todos los ciudadanos, no solo los subversivos.

Aparentemente, el personal de las plataformas que trabaja en Hong Kong no es responsable de las operaciones de estas empresas tecnológicas, por lo que no tendría derecho a los contenidos. 

En consecuencia, para evitar las sanciones, las grandes corporaciones tendrían que dejar de prestar sus servicios en Hong Kong, ensanchándose más aún las barreras del comercio impulsadas por el gobierno. 

Pese a los paños fríos que intenta poner la jefa del ejecutivo local defendiendo la nueva ley de protección de datos, que solo abarcaría la actividad ilegal de apropiación de datos, las empresas se muestran un tanto escépticas y no del todo conformes con las implicancias de esta ley. Por lo cual evalúan seriamente su continuidad en el mercado chino. 

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En definitiva, la pugna entre libertad de expresión y protección de la privacidad se pone en discusión en este mundo globalizado, peligrando la permanencia de Facebook, Google y Twitter en Hong Kong. Solo el tiempo demostrará el peso de esta ley y si alentará o no a estas grandes empresas a retirar sus servicios del gigante asiático.