Presión cambiaria en Argentina por demanda de dólares

En junio de 2025 la presión cambiaria en Argentina volvió al centro del debate económico. Una combinación de factores macro y coyunturales —demanda creciente de dólares, liquidación irregular de exportaciones y un clima de incertidumbre por las elecciones de medio término— han reactivado tensiones conocidas en la economía nacional. El resultado es una depreciación sostenida del peso, mayor intervención del Banco Central (BCRA), caída de reservas y alertas en múltiples sectores sensibles.

Según Reuters, la plaza cambiaria mostró una fuerte tendencia bajista hacia fines de junio, con una caída semanal del peso del 2,7% y un dólar mayorista que rozó los 1200 pesos. Al mismo tiempo, el déficit de cuenta corriente en el primer trimestre alcanzó los USD 5191M y las reservas netas del BCRA están en terreno negativo por cerca de USD 7000 M, un escenario que recuerda momentos críticos del pasado económico argentino.

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Intervención del Banco Central

En este contexto, el BCRA cumple un rol protagónico en la contención del tipo de cambio. Desde que se eliminó el cepo en abril y se instauró un sistema de bandas de flotación entre los 1000 y 1400 pesos por dólar, la entidad monetaria ha optado por intervenir principalmente en el mercado de futuros, buscando moderar las expectativas de devaluación y evitar movimientos bruscos que afecten el humor de los inversores y la estabilidad general.

Sin embargo, el margen de acción es limitado. A pesar del ingreso inicial de divisas tras la cosecha gruesa y acuerdos bilaterales como el swap con China por USD 5000 M, las reservas no logran consolidarse. Al 26 de junio, las reservas brutas del BCRA bajaron a aproximadamente USD 38000 M, y la acumulación comprometida con el FMI —por USD 4400 M— no se había cumplido, lo que obligó a solicitar un "waiver" o dispensa técnica al organismo multilateral.

Impacto en sectores clave

El aumento de la presión cambiaria no se limita al ámbito financiero. Diversos sectores productivos comienzan a sentir los efectos de la volatilidad. Por un lado, las empresas que dependen de insumos importados están viendo encarecidos sus costos, tanto por la suba del dólar como por el temor a nuevas restricciones si la situación empeora. Esto incluye a la industria farmacéutica, la tecnología y el sector automotor, donde los ciclos de producción ya están sufriendo interrupciones leves o demoras.

Por otro lado, las exportadoras agroindustriales, que habían empezado a liquidar divisas con fuerza durante mayo, ahora ajustan sus tiempos. El fin del esquema de baja de retenciones en julio hace prever una desaceleración en las liquidaciones, lo que disminuiría la oferta de dólares en el mercado oficial y pondría más presión sobre la moneda local.

También se observa un comportamiento conservador entre ahorristas y consumidores, que ante la inestabilidad optan por dolarizar excedentes, postergar decisiones de inversión y aumentar su exposición a activos atados al tipo de cambio. Esta reacción, aunque lógica desde lo individual, alimenta aún más el proceso de tensión cambiaria.

En paralelo, la inflación se presenta como una amenaza latente. Aunque el gobierno mantiene una política fiscal contractiva y restricciones sobre emisión monetaria, cualquier salto en el tipo de cambio puede trasladarse a precios, especialmente en sectores como alimentos, combustibles y servicios dolarizados. Según proyecciones privadas, un nuevo deslizamiento cambiario podría sumar entre 2 y 4 puntos porcentuales a la inflación del segundo semestre.

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Un fenómeno cíclico, pero con nuevas variables

La presión cambiaria no es nueva en Argentina. De hecho, puede pensarse como un fenómeno casi estructural del modelo económico nacional. Cada período electoral, cada cambio de esquema monetario o cada shock externo suele desatar episodios de inestabilidad cambiaria. Lo novedoso del contexto actual es la simultaneidad de factores: la salida del cepo, una inflación todavía alta, reservas frágiles, dependencia de exportaciones cíclicas y una relación tensa con el FMI.

Además, el sistema financiero enfrenta ahora una mayor exposición a instrumentos en pesos que ajustan por tipo de cambio o inflación (como los bonos duales o CER), lo que aumenta el riesgo sistémico si se produce un evento de disrupción. Las señales mixtas del gobierno sobre la continuidad del esquema actual de flotación administrada tampoco ayudan a calmar las expectativas.

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¿Qué puede pasar en los próximos meses?

La segunda mitad del año presentará desafíos complejos. Por un lado, la demanda estacional de dólares aumentará con el pago de aguinaldos, vacaciones de invierno y más cerca de fin de año con el turismo. Por otro, los ingresos por exportaciones podrían caer si se retrasa la liquidación o si el precio internacional de la soja baja, como anticipan algunos analistas.

El BCRA deberá reforzar su estrategia de intervención sin agotar sus escasas reservas. Probablemente profundice su presencia en el mercado de futuros y busque reforzar acuerdos bilaterales. Al mismo tiempo, el diálogo con el FMI será clave para sostener la credibilidad macroeconómica y evitar un nuevo episodio de crisis.

Mientras tanto, el gobierno buscará mostrar resultados fiscales concretos para calmar a los mercados. El superávit primario acumulado en el primer semestre podría ser utilizado como ancla discursiva, pero no será suficiente si la presión cambiaria no cede y se traduce en más inflación, menos crédito y menor consumo.

Estabilizar el dólar, estabilizar el ánimo

Lo que ocurre con la presión cambiaria en Argentina en junio 2025 no es sólo una cuestión técnica o financiera: es también una señal de incertidumbre política y económica. La relación entre el dólar y el ánimo social en Argentina es profunda, casi visceral. Por eso, estabilizar el tipo de cambio no sólo evita saltos inflacionarios: también genera previsibilidad, reconstruye confianza y ordena expectativas.

El gobierno, el BCRA y el sector privado deberán coordinar acciones para evitar una espiralización del conflicto. Si la presión cambiaria se transforma en una crisis, el costo social y económico será alto. Pero si se gestiona con firmeza, planificación y acuerdos, todavía hay margen para sostener la transición hacia una economía más estable.