Últimamente, se está debatiendo en los medios de México la puesta en práctica de la nueva ley de outsourcing, una ley polémica para las empresas porque busca regular o directamente prohibir la subcontratación laboral, percibida por el gobierno mexicano con ojos inquisidores, ya que estaría precarizando varios de los derechos de los trabajadores.
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La ley de outsourcing en México, básicamente, consiste en la prohibición de la subcontratación laboral con el fin de evitar los abusos de los derechos de los trabajadores, así como la evasión en el reparto de utilidades e impuestos por parte de los empresarios.
Creemos que es un tema delicado de tratar, puesto que se ponen en juego una serie de factores que, para beneficiar a un sector, terminan perjudicando al otro, lo cual no deja de ser injusto porque se juzgan las conductas abusivas de empresarios de manera muy general como si todos quisieran beneficiarse en detrimento de los trabajadores.
Lo que proponemos con este artículo es explorar en qué consiste esta ley de outsourcing en México, detectar opiniones a favor y en contra, identificar sus puntos fuertes y débiles, e impulsar el debate sobre la base de las distintas voces que se pronunciaron a partir de esta ley.
Con las reformas aprobadas por el Congreso de la Nación, queda prohibida la subcontratación de personal, por lo que ahora las agencias empleadoras o intermediarios podrán participar del proceso de selección, reclutamiento y capacitación de los empleados, pero no serán considerados jefes, ya que ese rol le corresponde únicamente a las empresas para las cuales fueron contratados.
Asimismo, queda establecida la admisión de la subcontratación de servicios especializados que no formen parte de la actividad esencial de una empresa, pero en cambio, deberá formalizarse un contrato por escrito, indicando el número de trabajadores involucrados y que la empresa esté previamente registrada ante el padrón de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS).
Para registrarse, las empresas tendrán que estar al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social y renovarlas cada tres años. Esto significa que se permite la subcontratación, hasta cierto punto, siempre y cuando las empresas estén registradas y formalicen la relación laboral con los trabajadores subcontratados, ya que la línea entre la subcontratación o tercerización y trabajo informal es muy delgada.
El límite del monto salarial para el trabajador será de tres meses o el promedio del dinero recibido en los últimos tres años, aunque en definitiva, se aplicará la suma que sea más beneficiosa para el trabajador.
De todas formas, según la Secretaría de Trabajo, el reparto de utilidades bajo los nuevos lineamientos será a partir de 2022, ya que recién ahora se están comenzando a implementar los cambios. En este sentido, se espera que las empresas en el plazo de 90 días puedan regularizarse, garantizando que los trabajadores reciban las ganancias que les corresponden para evitarse multas.
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A sabiendas de las nuevas medidas de la nueva ley de outsourcing en México implementadas, las empresas que mantengan la subcontratación informal estarán obligadas a pagar multas de 2 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (179 mil 240 a 4 millones 481 mil pesos).
Los pagos por completo de subcontratación de personal no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento. Además, las irregularidades se procesarán como un delito de defraudación fiscal.
En términos del presidente López Obrador, el objetivo de esta ley de outsourcing en México es poner orden a la subcontratación laboral que afecta a más de 4 millones de trabajadores. A través de esta norma se lograría regular la subcontratación de personal, los servicios especializados y las agencias de colaboración. En tanto que para las empresas infractoras de la ley habrá severas sanciones económicas.
Con la implementación de esta ley, se estarían modificando las condiciones de precarización laboral en la que viven muchos trabajadores. Según Juan Cristobal Ibáñez, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana (UP), se conseguirá “certidumbre o certeza jurídica para los trabajadores de saber quién es realmente el patrón” (Expansión,17 de noviembre de 2020, Lo bueno y lo malo de la reforma al sistema outsourcing en México).
Además, sostiene que los trabajadores sabrán cuáles son sus prestaciones, cuál su salario y tendrán la seguridad de estar inscriptos en el seguro social con salario real.
Por otra parte, el investigador de la universidad La Salle, Carlos Jiménez Bandala sostuvo que la ley busca mejorar la distribución del ingreso, ya que en la actualidad la riqueza está monopolizada hasta en un 70% u 80% en algunos sectores de la economía y, en cambio, se reparte en un 17% o 20% a los trabajadores.
Ahora bien, en cuanto a los puntos en contra de la ley de outsourcing en México se cuestiona poder distinguir entre la subcontratación que cumple con todas las regulaciones y la que no. Por eso es necesario establecer un balance entre la propuesta sancionada por el Congreso y las necesidades de los empresarios mexicanos, que podrían perjudicarse si se mantiene un criterio generalista para aplicar la ley en beneficio únicamente de los trabajadores.
Al respecto, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC),asegura que se debe analizar claramente para distinguir dónde el outsourcing no está otorgando estas prestaciones y, aclara, que en sí la subcontratación no es mala, pero es necesario hacer un “profundo análisis tanto en el poder legislativo como en el sector privado para evitar que se generalice que todo el outsourcing es malo” (Expansión, 17 de noviembre de 2020, Lo bueno y lo malo de la reforma al sistema outsourcing en México).
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), como era de esperar, expresó su sorpresa y preocupación por esta disposición y manifestó, en un comunicado, que la propuesta
“(...) desalienta la creación de empleos y pone en riesgo miles de puestos de trabajo, lo que agravaría la frágil situación económica de nuestro país debido al escaso crecimiento y los efectos de la pandemia de Covid-19”
(Expansión,17 de noviembre de 2020, Lo bueno y lo malo de la reforma al sistema outsourcing en México).
Por otro lado, la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) exige una revisión de la iniciativa para generar propuestas alternativas que puedan enriquecer el proceso legislativo. En este punto, tanto el CCE como el AMECH hicieron un llamado al Poder Legislativo para discutir la iniciativa de esta ley.
El sector servicios, vinculado al turismo y hotelería ,será el más afectado con esta ley de outsourcing en México, según la opinión de José Luis de la Cruz e Ibáñez. Además, muchas empresas utilizan el outsourcing, y serán las pymes, finalmente, las que más se perjudiquen, de legislarse esta reforma.
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La conclusión, luego de exponer los principales puntos de esta ley de outsourcing en México, es que, si bien la reforma, busca, desde las políticas sociales del gobierno, favorecer las condiciones laborales de los trabajadores precarizados con la subcontratación, por otro lado desconoce las implicancias desfavorecedoras en el sector privado -sobre todo en las pymes-, que no solo se verán sancionadas por no alcanzar los estándares exigidos por la ley, sino que también perjudicaría indirectamente a los trabajadores que sean despedidos por la imposibilidad de algunas empresas para contratarlos formalmente.
¿Qué piensas sobre esta nueva ley de subcontratación del gobierno mexicano que busca favorecer a los trabajadores precarizados?